¿Por qué los libros no bajan de precio?

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[Por Rubén Barcelli]
Director de La Escuela de Edición de Lima

Esta es una pregunta que muchas personas se hacen con desconfianza cuando tratan de entender por qué los libros siguen alejados del bolsillo del gran público, a pesar de estar exonerados del IGV. Un tema que cobra relevancia por el decreto de urgencia firmado por el Ejecutivo, el cual prorroga por un año este y otros beneficios contemplados en la Ley del libro. 

Se trata de una percepción peligrosa, ya que transmite en la opinión pública la imagen de que estas gracias son infértiles en su misión por incrementar los índices de lectura en el país; algo por demás injusto con el sector editorial, debido a que la actual Ley del libro viene favoreciendo a esta industria solo de manera parcial e insuficiente. 

Para entender lo que está ocurriendo enfoquémonos en la realidad de un auto-editor o de una empresa editorial pequeña o mediana, en el pasado considerados como actores de reparto, pero que hoy por su multiplicación y dinamismo se han convertido en los principales motores de crecimiento del mercado editorial peruano, según estimaciones consideradas en el «Estudio diagnóstico del sector editorial del Perú» (Cámara Peruana del Libro, 2017). 

Y es que más allá de la cotidianidad comercial de las editoriales de textos educativos y las grandes empresas editoriales, las cuales dominan con soltura y autoridad el mercado local —pocas en número pero muchas de ellas corporaciones transnacionales con filiales afincadas en el país—, los autores-editores y las pequeñas y medianas editoriales publican alrededor de 30 títulos por año y acostumbran imprimir quinientos o mil ejemplares por cada uno de estos títulos. Una capacidad productiva que palidece si nos comparamos con otros países de la región, como México, Argentina y Colombia, en donde los índices de producción de estos mismos agentes son triplicados o hasta quintuplicados sin mayor inconveniente.  

¿Por qué no más? ¿Por qué no se imprimen tres mil, cinco mil o diez mil ejemplares? Bueno, ocurre que esto de los mil ejemplares es una calibración empírica que el astuto e ilustrado editor peruano ha obtenido a través de su experiencia.

Y la razón es simple: vender estas cantidades —salvo honrosas excepciones— demora de uno a tres años, con suerte; mientras tanto, los costos logísticos y de almacenaje no dejan de engordar. Esto permite obtener una humilde rentabilidad en el mediano plazo, pero a costa de ofrecer precios competitivos a los lectores (como todo empresario sabe, cuando el costo unitario de un producto es alto, el precio de venta al público no debe de ser bajo, para poder obtener un retorno que justifique la inversión). 

Esto se agudiza cuando tomamos conciencia que el principal canal de comercialización de la industria —las librerías y las cadenas de librerías— está en crisis desde hace ya muchos años; algo que se nota en la evidente reducción de sus volúmenes de venta, lo que ha traído como consecuencia que se hayan ralentizado las frecuencias de pago a las editoriales (recordemos que las librerías reciben la mercadería por parte de las editoriales bajo la modalidad de la consignación, como en cualquier negocio retail, pero en este caso sin la periodicidad de retorno sostenida hacia el propietario del producto). Hay otro canal de venta masivo, los kioscos, pero allí difícilmente son exitosos productos con el rango de precios promedio de los libros. Solo las ferias de libro contribuyen en algo en mitigar este panorama adverso.   

Por estos motivos —y otros más— las librerías están sobrepobladas de títulos cuyos precios se escapan del alcance de la mayoría. 

¿Qué hacer entonces? Puedo señalar una respuesta puntual que se sostiene en el fortalecimiento de las bibliotecas públicas, a través de la inyección de recursos que les permita adquirir novedades de interés general y especializado, pensado en el fomento de la lectura, como ocurre en otros países de América Latina. 

Si bien es cierto el decreto de urgencia firmado por el Ejecutivo incluye una partida de S/ 16 millones para la implementación de bibliotecas escolares a cargo del Ministerio de Educación, esta medida debería de extenderse hacia las bibliotecas públicas distritales, regionales y comunitarias. Las que subsisten actualmente poseen una infraestructura precaria y, salvo en los distritos más acomodados de la capital, ostentan catálogos escandalosamente limitados. 

Imaginemos bibliotecas públicas en todo nuestro territorio con una oferta atractiva y frondosa, y con espacios amplios e iluminados para disfrutar de la lectura; el hábito más iluminador creado por el ser humano y que en el Perú debe de convertirse en un derecho para que pueda trascender las barreras sociales. No habría excusa para que los lectores, formados como tales desde pequeños, puedan sumergirse en títulos sobre conocimientos formativos que mejorarán irremediablemente sus capacidades y competencias, mientras hacen suyos estos espacios naturales de crecimiento cultural. 

Un paradigma que además permitiría a las editoriales acceder a una nueva demanda, lo que favorecería el incremento de los tirajes y la reducción de los costos unitarios, con lo que se podrían ofrecer productos más competitivos, y así acortar las barreras de precios con otros países de la región. 

Este decreto de urgencia es también en la práctica una delegación de la responsabilidad a los congresistas, que serán elegidos en enero de 2020 y que completarán el periodo legislativo 2016-2021, de elaborar una renovada Ley del libro. Una tarea que, si se realiza correctamente, permitirá desarrollar el sector editorial de forma holística e integral. Pero, sobre todo, contribuirá en erigir el Perú del mañana: el Perú de los lectores, ojalá.